Defensa Técnica en
Delitos Tributarios

La Ley 21.713 (vigente desde el 1° de noviembre de 2024) modificó los números 4, 6, 9, 10, 12, 17 y 22 del artículo 97 del Código Tributario, incorporó el nuevo N° 27, y elevó significativamente las penas. Entre sus efectos más relevantes: amplió los tipos penales del fraude tributario eliminando la exigencia de simulación específica (basta cualquier "maniobra fraudulenta"), aumentó las sanciones privativas de libertad, y extendió los plazos de prescripción para los ilícitos más graves. Toda empresa con fiscalizaciones abiertas debe evaluar el impacto de esta norma sobre su exposición.

Bajo el Art. 63 del Código Tributario, el contribuyente dispone de un mes calendario para responder la Citación, plazo prorrogable por un mes adicional a solicitud fundada. Este plazo es el momento más crítico del proceso: una respuesta técnicamente deficiente (o que revela antecedentes incongruentes) puede ampliar el perímetro de la fiscalización y abrir flancos documentales que el SII usará en etapas posteriores. La revisión pericial previa a la respuesta es indispensable.

La acción penal por delitos tributarios es facultad exclusiva del Director Nacional del SII (Art. 162 CT). El Ministerio Público no puede iniciar investigación de oficio sin esta querella previa. Los tipos más frecuentes en 2024 fueron: Art. 97 N°4 inc. 2° (uso de facturas falsas para aumentar crédito fiscal IVA), N°4 inc. 1° (declaraciones maliciosamente falsas de Renta o IVA), N°4 inc. 5° (facilitación de documentación tributaria falsa) y N°5 (omisión maliciosa de declaraciones). Una defensa técnica efectiva en etapa administrativa puede evitar que el caso llegue al Ministerio Público.

La Reposición Administrativa Voluntaria (RAV) es un recurso en sede administrativa que se interpone ante el propio SII dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación de una Liquidación o Resolución. Es una instancia de negociación técnica directa antes de judicializar. El Reclamo Tributario es el procedimiento judicial ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA), con un plazo de 90 días hábiles desde la notificación del acto. Ambas instancias requieren un informe pericial contable sólido: en el RAV para negociar, en el TTA para sustentar la pretensión ante el juez.

Tiene pleno valor probatorio como prueba documental pericial (Art. 314 CPP en materia penal; Art. 411 CPC en materia civil y tributaria). El peso que el tribunal le otorgue depende del rigor metodológico del informe, la independencia acreditada del perito, la trazabilidad de sus fuentes y su solidez bajo contraexamen. Un peritaje de parte elaborado por un perito adscrito a la ICA y con experiencia en estrado tiene una capacidad persuasiva significativamente mayor que un informe interno de la empresa.

Para la evaluación inicial basta con: la notificación o citación recibida, los plazos legales adjuntos y una descripción del giro y período observado. No es necesario tener la documentación ordenada antes de la primera reunión. Toda la información se protege mediante acuerdo de no divulgación (NDA) previo y se maneja bajo estricto secreto profesional. El canal de evaluación opera con encriptación interna y los antecedentes compartidos nunca se divulgan a terceros, incluyendo autoridades, sin instrucción expresa del cliente.